El estudio determina los puntos donde los sistemas públicos de justicia son cargados por las entidades privadas

Desde los años 80, los gobiernos federales y locales tienen dinero público cada vez más usado para emplear las empresas privadas para contener y para manejar a la gente se encarcela que. En los años últimos, el número de individuos encarcelados detenidos en instituciones privado operadas ha subido afiladamente. Un nuevo estudio intentado para determinar los puntos en los cuales las entidades privadas cargan a los individuos que encuentran los sistemas públicos de justicia. El estudio encontró que las empresas privadas que trabajan con las entidades públicas en el dinero de la carga del sistema de justicia para sus servicios en los puntos numerosos, que algunas de las cargas están asignadas por mandato, y que hay poca diapositiva en o descuido sobre cómo estas sociedades públicas-privado operan.

El estudio, por los investigadores en la universidad de Washington, aparece en la criminología y el orden público, una publicación de la sociedad americana de la criminología.

Aunque las instituciones de la justicia siguen siendo sobre todo entidades públicas, las corporaciones privadas están ejecutando muchos los programas del sistema dominantes de justicia y están generando beneficios grandes de las poblaciones prisioneras. Descubrimos que las compañías se están beneficiando de la participación forzada de la gente implicada en el sistema de justicia.”

Alexes Harris, autor importante y profesor de la sociología, universidad del estudio de Washington  

Además de externalizar la administración de centros penitenciarios, muchos locales y autoridades estatales contratan con las empresas privadas para ofrecer un alcance de servicios y de procesos en tribunales de los E.E.U.U., cárceles, y prisiones. A veces, los costos se intercambian para los servicios o los productos; en otros momentos, las entidades privadas son permitidas por gobiernos cargar a la gente para la administración forzada de sus carrocerías y propiedad. Algunos de estos costos incluyen las cargas que se representarán por un defensor público, un aro del poste o una ligazón, hacen llamadas telefónicas, y compran items de la cooperativa militar. También se incluyen las cargas relacionadas con la supervisión de la libertad condicional, supervisión casera electrónica, prueba del alcohol y de la droga, y abuso de substancia y los servicios médicos mentales.

Los autores del estudio ofrecen dos estudios de caso: Primero, exploran cómo Seattle externaliza servicios para vigilar y para controlar a la gente implicada con las cortes. Entonces, describen el lazo entre el departamento de estado de Washington de correcciones y una compañía nacional de la prisión-tecnología llamada JPay, que proporciona servicios a los individuos encarcelados.

Después de revisar los diversos servicios privados que operaban en diversos sistemas de justicia, el estudio encontró que la extensión de sociedades públicas-privado está de par en par y hay poca obligación de rendir cuentas o descuido. Los individuos implicados con el sistema de justicia pueden ser tarifas cargadas durante el proceso de la corte, durante el encarcelamiento (antes y después de la convicción), y durante la supervisión o después de baja.

Además, el estudio encontró que aunque los individuos puedan tener una opción sobre si pagar algunos de los servicios, en muchos casos, la ley, orden judicial les asignan por mandato, o prácticas informales locales de pagar. Incapacidad para permitir los precios fijados por los proveedores privados--algunos de los cuales tienen un monopolio en el servicio ofrecido--puede diferenciar entre los antecedentes deslustrados limpios y penales, que tienen consecuencias para educativo, la vivienda, y las posibilidades de empleo, la nota de los autores.

“Nuestro estudio sugiere que los responsables políticos exploren más a conciencia las razones de las preguntas éticas implicadas en la privatización de las prácticas y de los servicios del sistema de justicia,” dice Harris. Los “responsables políticos también necesitan desarrollar descuido transparente para asegurarse de que las ordenaciones privadas no imponen cargas indebidas ante los individuos implicados con el sistema de justicia y sus familias.”

Fuente:

Crimen e investigación Alliance de la justicia